Pueblos indígenas y organizaciones de la sociedad civil de México, América Latina y el Caribe se pronuncian sobre la implementación del derecho a la consulta y consentimiento previo, libre e informado.

Ciudad de México, 14 de noviembre de 2017. –

Pueblos y comunidades indígenas y organizaciones de la sociedad civil, reunidos en la Ciudad de México para intercambiar experiencias y conocer el estado de la implementación de la consulta y consentimiento previo, libre e informado (CPLI) en América Latina y el Caribe, denuncian que este derecho no se garantiza de conformidad con los estándares internacionales.

En México y en otros países de la región domina la captura política de los estados por parte de las empresas que privilegia el acceso a los bienes comunes naturales para las empresas del sector extractivo, energético y agroindustrial, a costa de los pueblos indígenas. En las iniciativas legislativas sobre consulta, tales pueblos son excluidos de los procesos políticos y, como regla general, la presión corporativa ejerce mayor influencia que sus reivindicaciones y prioridades de desarrollo. 

En algunos países se viene discutiendo la adopción de leyes sobre consulta, bajo el argumento de que su ausencia impide la implementación del referido derecho y perjudica la seguridad jurídica para las inversiones.  Nos preocupa profundamente que, en México, una ley de este tipo institucionalice la consulta como un mero trámite administrativo que atenta contra la autodeterminación de los pueblos indígenas y equiparables.   

Los pueblos y comunidades indígenas que firman este pronunciamiento destacan que los procesos de consulta que se han desarrollado en la región no han servido para garantizar sus derechos humanos. Muy por el contrario, los procesos de consulta se han convertido en espacios de legitimación y regulación de proyectos de inversión previamente negociados entre empresas y gobiernos. En general, los procesos de consulta no son previos; se han llevado a cabo cuando los proyectos de inversión ya están siendo implementados y/o aprobados. Asimismo, se han caracterizado por el incumplimiento de las obligaciones asumidas por el Estado, la promoción de la división comunitaria, la criminalización de líderes y lideresas, la omisión de medidas para garantizar la participación de las mujeres y de identificación de los impactos diferenciados en perjuicio de ellas, entre otras violaciones a los derechos humanos. Así también los procesos de consulta no han sido procesos que se han llevado en buena fe: no se reconoce la autoridad de los representantes de las comunidades y sus procesos internos de decisión. Así también en varios casos se han reemplazado a funcionarios con los que se ha logrado llegar a acuerdos con funcionarios que no buscan el diálogo sino la imposición. Lo anterior agrava la situación de discriminación histórica y estructural que sufren los pueblos indígenas. 

Así también, cuando los pueblos obtienen sentencias judiciales que amparan sus derechos y las autoridades gubernamentales las desacatan, el poder judicial no adopta medidas para exigir el cumplimiento de las mismas. Ello ha sucedido incluso ante decisiones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

En este marco denunciamos la creciente presión política y las estrategias de manipulación en las comunidades, con el fin de destruir sus procesos políticos organizativos e imponer decisiones que favorecen los intereses de terceros sobre sus territorios y bienes naturales. De esta forma, subrayamos lo siguiente:   

a) Bajo los estándares internacionales aplicables, la consulta y el CPLI es un derecho autoejecutable. Es decir, no requiere reglamentación específica a través de ley para que surta efectos inmediatos y sea implementado por las autoridades estatales;

b) Algunos aspectos de los proyectos de ley en discusión en los países de la región ya se encuentran normados en tratados y jurisprudencia de cortes constitucionales, de la Corte Interamericana y de otros órganos supranacionales de derechos humanos;

c) Varias organizaciones y pueblos indígenas en la región han manifestado su preferencia por otros mecanismos de implementación de la consulta y CPLI, tales como los protocolos comunitarios de autoconsulta y la aplicación directa de los estándares constitucionales e internacionales vigentes;

d) La adopción de una ley específica es un ejercicio improductivo si los gobiernos no asumen políticas públicas pautadas en el verdadero respeto por los derechos de los pueblos indígenas. Véase, por ejemplo, la cifra de periodistas y defensores de derechos humanos asesinados en México y Honduras, luego de la adopción de leyes específicas para protegerlos;

e) Los mismos gobiernos que defienden la adopción de leyes sobre consulta han flexibilizado los requisitos ambientales y sociales para la concesión de proyectos de inversión en territorios indígenas, vulnerando además el derecho de acceso a la información en el marco de los procesos de consulta;

f) Las leyes o decretos adoptados en algunos países, así como los proyectos legislativos en discusión, restringen el derecho de los pueblos indígenas a expresar su consentimiento previo libre e informado, el cual es expresamente reconocido en la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y en la jurisprudencia internacional;

g) Si uno de los fundamentos para la adopción de una ley es brindar seguridad jurídica, cabe recordar que, como regla general, los pueblos indígenas carecen de la debida titulación sobre sus territorios. La inseguridad jurídica que afecta de forma más grave a tales pueblos no es la inexistencia de reglas claras sobre consulta previa, sino la ausencia de políticas estatales para demarcar y titular los territorios tradicionales, en común acuerdo con los pueblos y comunidades.

Finalmente, reafirmamos que la autodeterminación debe ser el punto de partida para cualquier iniciativa que tenga la probabilidad de impactar los territorios tradicionales. Exigimos que los Estados respeten los espacios de organización y deliberación internas de los pueblos y comunidades indígenas. El derecho a definir sus prioridades de desarrollo en esos espacios debe regir cualquier actuación estatal.      

Alcaldia Indígena de San Juan Cotzal, Departamento del Quiché,  Guatemala

Asamblea Popular del Pueblo Juchiteco

AIDA

Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio (APIITDTT)

Centro de Derechos Indígenas Flor y Canto

Centro Alexander von Humboldt (Nicaragua)

Colectivo Abogad@s

Colectivo MA OGM

Colectivo Apícola de los Chenes

Consejo Regional Wixarika por la Defensa de Wirikuta

CooperAcción

Coordinación de Pueblos Unidos por el Cuidado y la Defensa del Agua (COPUDA)

Consejo Regional Indígena y Popular de Xpujil

Cooperativa Chac-Lol

Defensoría de Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca

Derechos a la Tierra YA!

EDUCA

Fundación para el Debido Proceso

Fundar, Centro de Análisis e Investigación

LAVIDA

Misión de Observación de la Consulta al Pueblo Maya

Mujeres Indígenas en Defensa de la Vida 

Oxfam México

PODER

ProDESC

Asamblea del Pueblo Guarani de Bolivia

Asociación Nacional de Productores Ecológicos del Perú (ANPEE)

Servicios y Asesoría para la Paz

 

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Indigenous Peoples and Civil Society Organizations from Mexico, Latin America and the Caribbean address the implementation of the rights to previous, free and informed consultation and consent.

Mexico City, November 14, 2017. -

Indigenous peoples, communities and civil society organizations (who gathered in Mexico City to share experiences and validate the status of the implementation of the previous, free and informed consultation and consent (CPLI, in Spanish) in Latin America and the Caribbean) state that this right is not guaranteed according to international standards.

In Mexico and other countries of the region, the states are politically captured by companies who sought for privileges on accessing the natural common goods for extraction, energy and agroindustry sectors, at the expense of the indigenous peoples. On the legislative consultation initiatives, such peoples are excluded from the political processes and, as a rule of thumb, corporate pressure has more influence than the real claims and developmental priorities. 

Several countries are currently discussing the adoption of consultation policies, with the argument that the lack of such policies halts the implementation of such rights and damages the juridical security for investments. We are deeply concerned that, in Mexico, a law of this nature may institutionalize the consultation process as a simple administrative step and result in damages against the self-determination of the indigenous peoples and communities.   

The indigenous peoples and communities signing this statement indicate that the consultation processes developed in the region have not worked to guarantee their human rights. Quite the contrary, the consultation processes have turned into spaces to foster the legitimization and regulation of previous government-private companies investment projects. Overall, the consultation processes are not made beforehand; they are, however, carried out when the investment projects are already being implemented and/or approved. At the same time, they are best known for not complying with the obligations acquired by the State, not promoting the community division, the criminalization of leaders, ignoring the measures to ensure the participation of women and the identification of the different impacts damaging them, among other violations of human rights. Thus, the consultation processes have not been of good faith: they do not recognize the authority of the representative of the communities and their internal decision processes. In addition, several government officials with whom some agreements have been reached were replaced, appointing other officials that are not open to discussion, yet they seek imposition. The aforementioned strengthens the historical and structural discrimination situation suffered by the indigenous people. 

Also, when judicial processes are ruled in favor of these peoples to protect their rights and the authorities disregard these orders, the Judicial Branch does not follow the measures to demand its compliance.  This has happened even with rulings sentenced by Mexico's Supreme Court.

We also denounce the growing political pressure and the manipulation strategies of the communities in order to destroy their political and organizational processes to impose decisions in favor of interests of third parties about their territories and natural goods. In that sense, we would like to point out the following:   

a) Under the applicable international standards, CPLI and consultation are both a self-executable right. This means that it does not require a specific legal policies for it to become enforceable and implemented by the state authorities;

b) Some aspects of these legal projects in the different countries in the region are already being discussed through constitutional courts and treaties at the Inter-American Court and other supranational human rights organizations.

c) Several indigenous peoples and organizations of the region have positioned their preference for other consultation and CPLI implementation mechanisms, such as the community self-consultation and direct application protocols for enforcing the current constitutional and international standards;

d) The adoption of a specific law is a non-productive action if the governments do not follow the ruled public policies respecting the rights of the indigenous people. See, for instance, the number of journalists and human rights defenders murdered in Mexico and Honduras after adopting specific laws for their protection;

e) Such governments in favor of adopting consultation laws have "lower the bar" in terms of environmental and social requirements for investment projects bids in indigenous territories, making the consultation process information access rights vulnerable.

f) The laws or decrees adopted in some countries, as well as the legislative projects under discussion, restrict the rights of the indigenous people to express their previous, free and informed consent, which is expressly recognized at the UN Declaration on the Rights of the Indigenous People and international laws;

g) If one of the arguments for adopting such a law is to provide juridical security, it is important to bare in mind that, as a rule of thumb, the indigenous people do not have a due entitlement over their territories. The juridical uncertainty that affects such peoples the most, is not the lack of clear rules about previous consultation, yet the lack of state policies to limit and entitle traditional territories, in common agreement with the peoples and the communities.

Lastly, we reaffirm that self-determination must be the breaking point for any initiative that may impact traditional territories. We demand that the State respect the internal organization and deliberation spaces of the indigenous peoples and communities. The right to define their developmental priorities on these spaces must rule any state-related action.      

Indigenous City Hall of San Juan Cotzal, Department of Quiché, Guatemala

Juchiteco People Assembly

AIDA

Isthmus Indigenous People Assembly for the Defense of Land and Territories (APIITDTT)

Flor y Canto Indigenous Rights Center

Alexander von Humboldt Center (Nicaragua)

Abogad@s Collective Group

MA OGM Collective Group

Apicultural Chenes Collective Group

Wikiruta Defense Wixarika Regional Council

CooperAcción

United People Coordination for Water Conservation (COPUDA)

Regional and Popular Indigenous Xpujil Council

Chac-Lol Cooperative

Human Rights Defense Office for the People of Oaxaca

Derechos a la Tierra YA!

EDUCA

Due Process Foundation (Fundación para el Debido Proceso)

Fundar, Analysis and Research Center

LAVIDA

Maya People Consultation Observation Mission

Indigenous Women in Defense of Life (Mujeres Indígenas en Defensa de la Vida) 

Oxfam Mexico

PODER

ProDESC

Bolivia's Guarani People Assembly

Peruvian National Association of Ecological Producers (ANPEE)

Peace Services and Consulting

Tequio Jurídico A.C.

 

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Povos indígenas e organizações da sociedade civil do México, da América Latina e do Caribe se pronunciam sobre a implementação do direito à consulta e ao consentimento prévio livre e informado.

Cidade do México, 14 de novembro de 2017. –

Povos e comunidades indígenas e organizações da sociedade civil, reunidos na Cidade do México para trocar experiências e conhecer o estado da implementação da consulta e do consentimento prévio, livre e informado (CPLI) na américa Latina e no Caribe, denunciam que este direito não é garantido em conformidade com os standards internacionais.

No México e em outros países da região predomina a captura política dos estados da parte das empresas, o que privilegia o acesso aos bens comuns naturais para as empresas dos setores extrativo, energético e agroindustrial, à custa dos povos indígenas. Nas iniciativas legislativas sobre consulta, esses povos são excluídos dos processos políticos e, por via de regra, a pressão corporativa exerce maior influência do que as reivindicações e prioridades de desenvolvimento deles.

Em alguns países, a adoção de leis sobre consulta se discutiu sob o argumento de que a ausência delas impede a implementação desse direito e prejudica a segurança jurídica para os investimentos. Estamos profundamente preocupados que, no México, uma lei deste tipo institucionalize a consulta apenas como um trâmite administrativo que atenta contra a autodeterminação dos povos indígenas e outros semelhantes.

Os povos e as comunidades indígenas que assinam este pronunciamento enfatizam que os processos de consulta desenvolvidos na região não serviram para garantir seus direitos humanos. Bem pelo contrário, os processos de consulta se tornaram espaços de legitimação e regulamentação de projetos de investimento previamente negociados entre empresas e governos. Em geral, os processos de consulta não são prévios; são feitos quando os projetos de investimento já estão sendo implementados e/ou aprovados. Também, se caracterizam pelo descumprimento das obrigações assumidas pelo Estado, a promoção da divisão comunitária, a criminalização de líderes, a omissão de medidas para garantir a participação das mulheres e de identificação dos impactos diferenciados em prejuízo delas, entre outras violações aos direitos humanos. Ainda, os processos de consulta não foram processos feitos à boa-fé: a autoridade dos representantes das comunidades não é reconhecida, nem seus processos internos de decisão. Assim mesmo, em vários casos, funcionários com os quais se chegara a acordos foram substituídos por funcionários que não procuram o diálogo, mas antes a imposição. Isso agrava a situação de discriminação histórica e estrutural da qual sofrem os povos indígenas.

Do mesmo modo, quando os povos obtêm sentenças judicias que amparam seus direitos e as autoridades as desacatam, o poder judiciário não adota medidas para exigir o cumprimento delas. Isso aconteceu mesmo com decisões do Supremo Tribunal de Justiça da Nação.

Neste quadro, denunciamos a crescente pressão política e as estratégias de manipulação nas comunidades, com vista a destruírem os processos políticos organizativos delas e imporem decisões que favoreçam os interesses de terceiros sobre seus territórios e bens naturais. Assim, destacamos o seguinte:

a) Pelos standards internacionais aplicáveis, a consulta e o CPLI são direitos autoexecutáveis. Ou seja, não precisam de regulamentação específica através da lei para surtirem efeito imediato e serem implementados pelas autoridades estaduais;

b) Alguns aspectos dos projetos de lei em discussão nos países da região já são regulamentados em tratados e jurisprudência de tribunais constitucionais, da Corte Interamericana e de outros órgãos supranacionais de direitos humanos;

c) Várias organizações e povos indígenas na região mostraram preferência por outros mecanismos de implementação da consulta e do CPLI, tais como os protocolos comunitários de autoconsulta e a aplicação direta dos standards constitucionais e internacionais em vigor;

d) A adoção de uma lei específica é um exercício vão se os governos não assumem políticas públicas modeladas no verdadeiro respeito dos direitos dos povos indígenas. Cf., por exemplo, o número de jornalistas e defensores dos direitos humanos assassinados no México e em Honduras, após a adoção de leis específicas para protegê-los;

e) Os mesmos governos que defendem a adoção de leis sobre consulta flexibilizaram os requisitos ambientais e sociais para a concessão de projetos de investimento em territórios indígenas, vulnerando além disso o direito de acesso à informação no quadro dos processos de consulta;

f) Leis ou decretos adotados em alguns países, assim como projetos legislativos em discussão, restringem o direito dos povos indígenas a expressarem seu consentimento prévio livre e informado, o qual é expressamente reconhecido na Declaração das Nações Unidas sobre os Direitos dos Povos Indígenas e na jurisprudência internacional;

g) Embora um dos fundamentos para a adoção de uma lei seja fornecer segurança jurídica, cabe lembrar que, em geral, os povos indígenas carecem dos devidos títulos de seus territórios. A insegurança jurídica que afeta mais gravemente esses povos nem é a falta de regras claras sobre consulta prévia, mas sim a ausência de políticas estaduais para demarcar e titular os territórios tradicionais, de comum acordo com os povos e as comunidades.

Finalmente, reafirmamos que a autodeterminação tem de ser o ponto de partida de qualquer iniciativa que possa ter impacto nos territórios tradicionais. Exigimos que os Estados respeitem os espaços de organização e deliberação internas dos povos e comunidades indígenas. O direito a definirem suas prioridades de desenvolvimento nesses espaços deve reger toda atuação do Estado.

Prefeitura Indígena de San Juan Cotzal, Departamento do Quiché, Guatemala

Assembleia Popular do Povo Juchiteco

AINDA

Assembleia de Povos Indígenas do Istmo em Defesa da Terra e do Território (APIITDTT)

Centro de Direitos Indígenas Flor y Canto

Centro Alexander von Humboldt (Nicarágua)

Coletivo Abogad@s

Coletivo MA OGM

Coletivo Apícola dos Chenes

Conselho Regional Wixarika pela Defensa de Wirikuta

CooperAcción

Coordenação de Povos Unidos pelo Cuidado e a Defesa da Água (COPUDA)

Conselho Regional Indígena e Popular de Xpujil

Cooperativa Chac-Lol

Defensoria de Direitos Humanos do Povo de Oaxaca

Derechos a la Tierra YA!

EDUCA

Fundação para o Devido Processo

Fundar, Centro de Análise e Pesquisa

LAVIDA

Missão de Observação da Consulta ao Povo Maya

Mulheres Indígenas em Defesa da Vida 

Oxfam México

PODER

ProDESC

Assembleia do Povo Guarani da Bolívia

Associação Nacional de Produtores Ecológicos do Peru (ANPEE)

Serviços e Assessoria para a Paz

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Des peuples autochtones et des organisations de la société civile du Mexique, de l’Amérique latine et des Caraïbes se prononcent sur la mise en œuvre du droit à la consultation et au consentement préalable, libre et éclairé.

Ville de Mexico, le 14 novembre 2017. –

Des peuples et communautés autochtones et des organisations de la société civile, réunis dans la ville de Mexico pour échanger des expériences et pour connaître l’état de la mise en œuvre de la consultation et du consentement préalable, libre et éclairé (CPLI, selon son sigle en espagnol) en Amérique latine et aux Caraïbes, dénoncent que ce droit n’est pas garanti conformément aux normes internationales.

Au Mexique et dans d’autres pays de la région domine la capture politique des états par des entreprises qui privilégie l’accès aux biens communs naturels pour les entreprises des secteurs extractif, énergétique et agro-industriel aux dépens des peuples autochtones. Dans les initiatives législatives sur la consultation, ces peuples sont exclus des processus politiques et, en règle générale, la pression des entreprises exerce une plus grande influence que leurs revendications et leurs priorités de développement. 

Dans certains pays on discute de l’adoption de lois sur la consultation, en arguant que leur absence empêche la mise en œuvre du droit susmentionné et porte préjudice à la sécurité juridique pour les investissements. Nous sommes vivement préoccupées par le fait qu’une telle loi institutionnaliserait la consultation en tant qu’une simple formalité administrative qui porte atteinte à l’autodétermination des peuples autochtones et des peuples semblables.

Les peuples et communautés autochtones signant cette déclaration soulignent que les processus de consultation développés dans la région n’ont pas servi à garantir leurs droits de l’homme. Bien au contraire, les processus de consultation sont devenus des espaces de légitimation et de régulation de projets d’investissement négociés au préalable entre entreprises et gouvernements. En général, les processus de consultation ne sont pas préalables ; ils se mènent en même temps que les projets d’investissement se mettent en place et/ou s’approuvent. De même, ils se caractérisent par le manquement aux obligations assumées par l’État, la promotion du communautarisme, la criminalisation de leaders, la non-adoption de mesures pour garantir la participation des femmes et pour identifier les impacts différenciés au détriment d’elles, entre autres violations des droits de l’homme. Par ailleurs, les processus de consultation n’ont pas été de processus menés de bonne foi : l’autorité des représentants des communautés et leurs processus internes de décision ne sont pas reconnus. Dans plusieurs cas, on a de même remplacé des fonctionnaires avec qui on était parvenu à un accord par des fonctionnaires qui ne recherchent pas le dialogue mais l’imposition. Ce qui précède aggrave la situation de discrimination historique et structurelle que subissent les peuples autochtones.

En outre, lorsque les peuples obtiennent des décisions de justice protégeant leurs droits et que les autorités gouvernementales les mettent en avant, le pouvoir judiciaire ne prend pas de mesures pour en exiger leur exécution. Ceci s’est produit même face à des décisions de la Cour suprême de justice de la nation.

Dans ce cadre, nous dénonçons la pression politique croissante et les stratégies de manipulation dans les communautés, afin de détruire leurs processus politiques organisationnels et d’imposer des décisions favorisant les intérêts des tiers sur leurs territoires et leurs biens naturels. Ainsi, nous soulignons ce qui suit :

a) Conforme aux normes internationales applicables, la consultation et le CPLI sont un droit auto-exécutable, c’est-à-dire qu’il ne requiert pas de réglementation spécifique à travers la loi pour qu’il produise des effets immédiats et soit mis en œuvre par les autorités de l’État ;

b) Certains aspects des projets de loi en discussion dans les pays de la région sont déjà réglementés dans des traités et dans la jurisprudence des cours constitutionnelles, de la Cour interaméricaine et d’autres organes supranationaux de droits de l’homme ;

c) Plusieurs organisations et peuples autochtones dans la région ont exprimé leur préférence pour d’autres mécanismes de mise en œuvre de la consultation et du CPLI, tels que les protocoles communautaires d’auto-consultation et l’application directe des normes constitutionnelles et internationales en vigueur ;

d) L’adoption d’une loi spécifique est un exercice improductif si les gouvernements n’adoptent pas de politiques publiques fondées sur le vrai respect des droits des peuples autochtones. Voir, par exemple, le chiffre de journalistes et de défenseurs des droits de l’homme assassinés au Mexique et au Honduras, après l’adoption de lois spécifiques pour les protéger ;

e) Les mêmes gouvernements qui défendent l’adoption de lois sur la consultation ont assoupli les exigences environnementales et sociales pour la concession de projets d’investissements dans des territoires autochtones, violant en outre le droit d’accès à l’information dans le cadre des processus de consultation ;

f) Les lois ou les décrets adoptés dans certains pays, tout comme les projets législatifs en discussion, restreignent le droit des peuples autochtones à exprimer leur consentement préalable, libre et éclairé, qui est expressément reconnu dans la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones et dans la jurisprudence internationale ;

g) Si l’un des fondements pour l’adoption d’une loi est de garantir une sécurité juridique, il convient de rappeler que, en règle générale, les peuples autochtones manquent la titularisation appropriée sur leurs territoires. L’insécurité juridique portant le plus gravement atteinte à ces peuples n’est pas l’inexistence de règles claires sur la consultation préalable, mais l’absence de politiques de l’État pour délimiter et titulariser les territoires traditionnels, d’un commun accord avec les peuples et les communautés.

Finalement, nous réaffirmons que l’autodétermination doit être le point de départ pour toute initiative ayant la probabilité d’avoir un impact sur les territoires traditionnels. Nous exigeons que les États respectent les espaces d’organisation et de délibération internes des peuples et communautés autochtones. Le droit à définir leurs priorités de développement dans ces espaces doit régir toute action de l’État.      

Mairie indigène de San Juan Cotzal, Département du Quiché, Guatemala

Assemblée populaire du peuple juchiteco (Asamblea Popular del Pueblo Juchiteco)

AIDA

Assemblée des peuples indigènes de l’isthme [ndlr : de Tehuantepec] en défense de la terre et du territoire (Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio, APIITDTT)

Centre des droits indigènes Flor y Canto (Centro de Derechos Indígenas Flor y Canto)

Centre Alexander von Humboldt (Nicaragua)

Collectif Abogad@s

Collectif MA OGM

Collectif apicole des Chenes (Colectivo Apícola de los Chenes)

Conseil régional wixárika pour la défense de Wirikuta (Consejo Regional Wixárika por la Defensa de Wirikuta)

CooperAcción

Coordination des peuples unis pour le soin et la défense de l’eau (Coordinación de Pueblos Unidos por el Cuidado y la Defensa del Agua, COPUDA)

Conseil régional indigène et populaire de Xpujil (Consejo Regional Indígena y Popular de Xpujil)

Coopérative Chac-Lol

Organisation de défense des droits de l’homme du peuple d’Oaxaca (Defensoría de Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca)

Derechos a la Tierra YA!

EDUCA

Fondation pour la procédure équitable (Fundación para el Debido Proceso)

Fundar, Centre d’analyse et de recherche

LAVIDA

Mission d’observation de la consultation du peuple maya (Misión de Observación de la Consulta al Pueblo Maya)

Femmes indigènes en défense de la vie (Mujeres Indígenas en Defensa de la Vida)

Oxfam México

PODER

ProDESC

Assemblée du peuple guaraní de Bolivie (Asamblea del Pueblo Guaraní de Bolivia)

Association nationale des producteurs écologiques du Pérou (Asociación Nacional de Productores Ecológicos del Perú, ANPEE [sic])

Services et Conseil pour la paix (Servicios y Asesoría para la Paz)

 

Tequio Jurídico A.C.

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